La Rendición de Cuentas trajo otro conflicto en el marco de su discusión en el Parlamento, a raíz de un artículo impulsado desde Cabildo Abierto para inhibir que exfiscales de Corte y letrados penales ejerzan la profesión de abogado luego de dejar su cargo.
La primera propuesta hablaba de cinco años. Tras el debate entre los legisladores, la cantidad de años bajó, y ayer finalmente por 16 votos en 29 se terminó votando en la Cámara del Senado la siguiente redacción: “El Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación y el Fiscal Adjunto de Corte estarán inhibidos por tres años, desde su cese, de intervenir en asuntos tramitados ante los organismos en los que cumplieron funciones patrocinando o asistiendo a terceros. En el caso de los Fiscales Letrados con competencia en materia penal, estarán inhibidos por un año de intervenir en asuntos tramitados ante los organismos en los que cumplieron funciones, patrocinando o asistiendo a terceros”.
Otra modificación se insertó a último momento, según publicó ladiaria: se agregó la posibilidad de que los fiscales cobren un subsidio equivalente al 85% del total de sus haberes durante ese año de inactividad.
Siguiendo la discusión parlamentaria, y lo que sería la votación de este artículo, los fiscales a mitad de esta semana se declararon en conflicto por lo que entienden es un “permanente hostigamiento y acoso de cierta parte del sistema político hacia la Fiscalía”. La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) se estableció en asamblea permanente y resolvió implementar medidas de lucha progresivas. Por ejemplo, resolvieron no recibir abogados, lo cual a su vez generó el rechazo del Colegio de Abogados.
Escuchá la entrevista a Willian Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay:
