Irene Moreira renunció a su cargo en el Ministerio de Vivienda, tras el pedido que le hizo el presidente Luis Lacalle Pou después de la polémica originada a raíz de la entrega en forma directa de una vivienda a una mujer que es militante de Cabildo Abierto.
El partido liderado por Guido Manini Ríos, esposo de Moreira, defendió el accionar de la ahora exministra, basándose en una resolución del Ministerio de Vivienda de octubre del 2009.
Este texto establece la posibilidad de reservar un cupo de 10% de soluciones habitacionales de programas de la Dirección Nacional de Vivienda para los sectores poblacionales más necesitados.
En los requisitos figuran: percibir ingresos familiares inferiores o iguales a la Línea de Pobreza y otros que, “por razones técnicamente fundadas, no se encuentren en condiciones de cumplir con los requisitos establecidos en los llamados correspondientes de los distintos programas.
Sin embargo, fuentes de Presidencia manifestaron a la diaria que esta resolución de 2009 no excluye la necesidad del sorteo que establece la ley 13.728, promulgada en 1968 y que refiere al Plan Nacional de Vivienda.
Esta norma, en su artículo 216 establece que: “Las adjudicaciones de viviendas que se realicen con financiación del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización -excepto las correspondientes a MEVIR, al sistema cooperativo y fondos sociales- se realizarán por estricto sorteo entre quienes se encuentren, de acuerdo a las condiciones que establezca la reglamentación, en igualdad de condiciones de ingresos”.
El exministro de Vivienda, Carlos Colacce dijo a Informativo Carve del Mediodía que “es un disparate pretender justificar lo que hizo la señora Irene Moreira con esa resolución de 2019. Es casi casi lo opuesto”.
Colacce resaltó que esta normativa se creó para familias que están en una situación de extrema pobreza, y que, por ese motivo, no puede cumplir con las condiciones que se le exigen a las demás, como ser sujetos de crédito, que tengan ingresos por encima de determinado límite, entre otras cuestiones.
“Es exactamente lo contrario a lo que dice la ministra”, indicó el exministro, quien además sostuvo que en esa resolución se establecía claramente que “no era el ministro de turno quien definía quien usufructuaba ese derecho”.
Sin embargo, aclaró que es necesario determinar si a esta norma se le aplicó alguna modificación en los últimos años, ya que fue hecha en el marco de un convenio con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Hay que analizar si esto tiene connotaciones de apariencia delictiva. Es aparentemente tan fragante lo que se hizo, que puede haber, por lo menos abuso de funciones.
Colacce también se desempeñó como presidente de OSE, durante los años 2010 y 2011, por lo que se refirió a la decisión del Ministerio de Salud de aumentar nuevamente los niveles de sodio y cloruro en el agua, a pedido de OSE, debido a la sequía.
De esta manera, el cloruro subió de 450 a 720 miligramos por litro, mientras el sodio aumentó de 280 a 440 miligramos por litro.
En primera instancia, el ingeniero reconoció que la empresa no es culpable de la crisis que está generando la sequía, pero sí sobre la administración del recurso, particularmente en los últimos meses.
“¿Porque no dicen claramente que el agua no es potable ni apta para consumo? No discrepo con que de todas formas se de agua a la población, pero sí discrepo con lo que se está diciendo”, señaló.
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