El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, compareció este jueves ante la Comisión Especial de Ambiente de la Cámara de Representantes, para brindar información sobre el derrame de soda cáustica ocurrido en agosto en el arroyo Sauce, afluente del río Negro, en el predio de la planta de UPM 2.
Bouvier informó que la cantidad de soda que llegó al arroyo fue de 50.000 litros y no de un millón, como se manejó en primera instancia. También indicó que el derrame fue de 900 metros cúbicos. “Esto no minimiza el impacto del derrame, pero sí deja de lado que había un millón de litros de soda cáustica”, agregó el ministro.
Consultado sobre las multas para la compañía, recordó que se aplicó una sanción de 1.000 UR (unos 42.000 dólares), pero aclaró que no fue por el daño ambiental, sino «por el apartamiento del plan de gestión ambiental operativo».
A su vez, queda pendiente la evaluación del impacto ambiental que puede tener otra multa.
El diputado de Cabildo Abierto, Rafael Menéndez, dijo a Informativo Carve de Cierre que el episodio se dio a conocer tarde, y que la información que brindó el ministro “agrava aún más la situación”.
“Cuando se creó el Ministerio de Ambiente lo voté con las dos manos, pero lo que pretendo en este tipo de situaciones es que se establezcan las responsabilidades correspondiente. Acá hubo, no solo responsabilidades sino negligencia por parte de la empresa. No solo tenía algún sensor descompuesto sino que aquellos que le estaban acusando el fallo fueron ignorados”, expresó el legislador.
También cuestionó que el aviso de fuga haya llegado por parte de un vecino, cuando se supone que la empresa cumple con los parámetros más altos del mundo en controles medioambientales.
“Sabemos que no solamente hubo arrastres de la prueba sino también dilución de los efectos medioambientales que provocó, ya que hubo una lluvia importante entre los días en que la empresa se lo comunicó al ministerio y el ministerio concurrió. Hay omisiones que hacen a la responsabilidad de cada uno de los actores”, resaltó Menéndez.
Para el cabildante es necesario aplicar la máxima multa posible, con el objetivo de generar una reacción por parte de la empresa y que no se vuelva a repetir una situación similar. También destacó que desde su construcción se han aplicado 15 sanciones, cuatro de ellas en los últimos cuarto meses, es decir, desde que se puso en funcionamiento.
“¿Con la potestad que tiene el Ministerio de Ambiente para aplicarle una multa de cuatro millones de dólares a una planta que gana dos millones de dólares diarios le pone (una multa por) cuarenta mil dólares?”, cuestionó Menéndez.
En esta línea, contó que elevó una solicitud a la cartera para que se revea la aplicación de una multa mayor, y que se aplican “otros tipos de sanciones”.
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