Se resolvió en la mañana de este martes el conflicto por la distribución de combustibles que había provocado un desabastecimiento en la mayoría de las estaciones de servicio de Montevideo.
Se arribó a una solución tras una reunión entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria y los transportistas de combustibles, luego de que ayer no se lograra un acuerdo.
El acuerdo consiste en postergar dos años la entrada en vigencia del nuevo régimen de contratos en la distribución de combustibles, impuesta por la Ley de Urgente Consideración (LUC), que establece que ANCAP dejaría de encargarse del pago a los fleteros.
También se definió un ajuste semestral del costo de los fletes a partir del próximo año.
De esta forma, la distribución de naftas y gasoil se reanudó este mismo martes, por lo que se espera que en las próximas horas se normalice el abastecimiento.
La solución recibió el visto bueno de las partes, pero también críticas de algunos analistas. Uno de los que cuestionó esta medida fue contador Bruno Gili, quien opinó que “está claro que a Ancap la gobiernan las corporaciones. Y los consumidores y productores pagamos el precio. La política falla desde hace muchos años en lograr los cambios por un sistema más eficiente”.
En diálogo con Informativo Carve del Mediodía Gili dijo que en esta problemática, como en otras tantas áreas, hay responsabilidades de los actores políticos en no poder liderar y encauzar las transformaciones que necesita el mercado interno del país.
“El sistema político hace muchísimos años intenta introducir cambios, pero tropieza y no logra avanzar”, resaltó.
En particular, indicó que los el Ejecutivo no fue capaz de contemplar los intereses de los transportistas en un sistema más amplio de negociación y de reglas de juego claras.
Para Gili “la solución” a la que se llegó apunta únicamente a extender la resolución de este asunto por dos años más. “Lo que uno hubiese esperado, dado que esto tiene mucho tiempo, es que ya se hubieran hecho todas las derivaciones previas. No sé cuál fue el proceso negociador, no sé cuál fue el proceso de transición que estaba previsto, pero ahora parece que naturalmente (lo que se hace es tirar) dos años para adelante los ámbitos de transición”.
Para el analista es necesario implementar regulaciones que establezcan autonomía para aumentar la competencia, con el objetivo de instaurar reglas de juego claras, en donde “efectivamente el consumidor o el productor esté en el corazón de las decisiones para que llegue el producto o el servicio en la calidad, al precio y en el momento adecuado”.
“Uruguay tiene un problema serio que es que es un país con costos altos en general en los bienes y servicios que consumimos. Para eso hay muchas explicaciones, pero hay una que tiene que ver con que nuestros mercados internos, de bienes y servicios no transables, como los combustibles, servicios de salud, servicios de transporte, etc”, destacó.
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